En contextos de violencia, impunidad y estigmatización, como el que se vive en México, el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta no solo necesario, sino vital para una sociedad democrática. Su labor garantiza el acceso a la verdad, la justicia, la participación y la rendición de cuentas. Por ello, el Estado tiene la obligación legal e ineludible de protegerlas.
¿Qué debe hacer el Estado?
Las obligaciones del Estado en esta materia están claramente establecidas en el derecho internacional y nacional. Estas se resumen en tres deberes fundamentales:
⊹ Respetar: No interferir ni obstaculizar el trabajo de personas y colectividades de defensoras, defensores y periodistas.
⊹ Proteger: Prevenir riesgos y garantizar su seguridad frente a amenazas o agresiones.
⊹ Investigar y sancionar: Adoptar políticas públicas efectivas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos, con enfoque de género, interseccionalidad y participación activa de las personas beneficiarias.éxico.
¿Qué normas respaldan estos derechos?
México ha asumido compromisos internacionales que lo obligan a garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Entre los principales instrumentos destacan:
⊹ Declaración Universal de Derechos Humanos
⊹ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
⊹ Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
⊹ Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
⊹ Declaración sobre los Defensores de
⊹ Derechos Humanos (ONU, 1998)
⊹ Convención de Belém do Pará
⊹ Acuerdo de Escazú
A nivel nacional, la protección de estos derechos se encuentra en la Constitución Política de México y en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2012) establece mecanismos concretos de protección. Sin embargo, su implementación sigue enfrentando grandes desafíos que requieren atención urgente.
¿Por qué es urgente actuar?
La persistencia de ataques, amenazas, campañas de desprestigio y criminalización demuestra una grave brecha entre los compromisos del Estado y la realidad que enfrentan quienes defienden derechos y ejercen el periodismo. Esta situación exige no solo medidas reactivas, sino transformaciones estructurales que aseguren condiciones seguras y dignas para ejercer estas labores.